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Marchan en defensa de área verde

Cochabamba

Marchan en defensa de área verde

09/06/2017 | Ed. Imp.

Los vecinos de diferentes Organizaciones Territoriales de Base (OTB) de Sacaba marcharon ayer en defensa del Parque Metropolitano de Arocagua.

Denunciaron que el área protegida que abarca 91 mil hectáreas fue invadida por urbanizaciones, empresas, entre otras construcciones. La marcha partió de la plaza y culminó en el parque.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0609/noticias.php?id=221594

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Ciclo de conferencia – la realidad de las áreas protegidas

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En su tercer de día de exposiciones en el ciclo de conferencia  sobre la realidad de las áreas protegidas en la conservación de la Biodiversidad se expuso sobre la información y datos que la WCS a esta compilando acerca de la diversidad del MADIDI las estrategias en las que están participando y el trabajo de información que han desarrollado a la cual se pueden referir a http://identidadmadidi.org/ la pagina que ofrece información sobre el valor de la diversidad del MADIDI, en cuanto al trabajo que desarrolla WCS pueden consultar su pagina https://bolivia.wcs.org/es-es/.

Los Días anteriores se expuso información sobre los trabajos de investigación sobre biodiversidad en el parque nacional Tunari, y la importancia del mismo, también se tuvo exposiciones sobre el plan de manejo que el nuevo director del Parque Nacional Tunari esta encaminando para el parque, las conferencias brindan bastante información sobre los hallazgos en la temática de biodiversidad y las relaciones que ha desarrollado la Universidad Mayor de San Simón a través del centro de Biodiversidad y Genética con otras instituciones y el aporte a la recolección de datos sobre la biodiversidad en Bolivia.

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Mañana concluirá la jornada con tres exposiciones mas, las jornada iniciara a horas 8:30 y se extenderá hasta las 12:00, si gustas conocer mas sobre biodiversidad en Bolivia y las metodologias empleadas te invitamos a participar en el ultimo día del ciclo de conferencias del sobre las Áreas protegidas y las conservación de la biodiversidad.18740258_10158798687010451_3584933167522277318_n

Sacaba urbaniza áreas verdes y tierra agrícola

Sacaba urbaniza áreas verdes y tierra agrícola

Local
  • Un conjunto construcciones nuevas asentadas caóticamente en un área verde de Villa Esmeralda, al sur de Sacaba. | Carlos López
Publicado el 19/06/2016 a las 0h00

Sacaba está perdiendo sus tierras agrícolas, áreas verdes y serranías por la rápida urbanización. Uno de los sectores que más poblado es El Abra. Las nuevas construcciones están cerca de la avenida  que une al municipio con la ciudad a través del túnel de El Abra.

La expansión de la mancha se acentúo con la construcción del túnel y avenida de El Abra y la aplicación por cinco años de la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano 247, aprobada en 2012.

El coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández, lamentó que después de la homologación de la mancha urbana, el 24 de enero de 2014, las áreas agrícolas en Sacaba hayan quedado atrapadas entre viviendas.

Dijo que entre los lugares en riesgo están: Esmeralda hasta Buena Vista, Curubamba y Lava Lava. Unas 3.531 hectáreas de tierras agrícolas están en riesgo.

También se indaga si las personas asentadas en 540 hectáreas de Mollocota, Antonio, Buena Vista y López Rancho, pertenecen a las Seis Federaciones como los lugareños comentan.

El presidente del Comité Departamental de Defensa de Tierras Agrícolas, Manuel Castro, afirmó que otros espacios vulnerables son Tuscapujllo Bajo, Central y Alto, Lava Lava al norte de Chiñata y al norte del kilómetro 10 al 17.

La Alcaldía

Por otro lado, la directora de Urbanismo de la Alcaldía de Sacaba, Carmen Vargas, dijo que existen tres subalcaldías en los que los loteamientos son fuertes desde la ampliación de la mancha urbana. Se trata del Distrito 6 de la zona de El Abra; el Distrito 7, especialmente en Villa Obrajes; y el Distrito 4 donde se registran construcciones ilegales por encima del límite urbanizable sobre la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari.

Castro lamentó que la Alcaldía “con el afán de urbanizar y hacer avanzar la mancha urbana hizo otro levantamiento topográfico para delimitar calles, lotes de 300 metros, en concomitancia con empresas loteadoras”. Cree que se perdieron el 80 por ciento de  tierras agrícolas.

En Villa Esmeralda donde se evidenció la construcción de casas en una parte del 21 por ciento correspondiente a áreas verdes y cerca a la franja de seguridad de la torrentera.

Al respecto, Castro lamentó que haya “un silencio cómplice” de los dirigentes en Sacaba ante la pérdida de tierras agrícolas. Por lo que instó a autoridades, dirigentes y población en general a iniciar una cruzada para frenar los loteamientos en el eje metropolitano.

La asesora legal de la Alcaldía de Sacaba, Graciela Fernández, dijo que con la promulgación de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, aprobada en 2012, la cantidad de construcciones aumentó.

Fernández dijo que “con la Ley 247 se ha generado la ampliación del loteamiento en la zona de El Abra. Por ejemplo, cuando se hizo la ampliación de la mancha urbana todo el mundo comenzó a construir porque la ley decía que debía tener una construcción de cinco años”. Añadió que ahora la gente pide que se acorte el tiempo de cinco años a dos para regularizar su derecho propietario.

Las personas que se asentaron en estos sectores aprovechan los fines de semana o noches para levantar sus construcciones. Cuando personal de la Alcaldía va  es  agredido por los vecinos.

 

Mercado de tierras

A esta situación se suma el mercado de tierras que, por ejemplo, tras la construcción de la avenida que conecta a Sacaba con la ciudad de Cochabamba a través del túnel de El Abra, el metro cuadrado de tierra que antes costaba menos de 20 dólares, ahora el precio es de 120 dólares por metro cuadrado.

El precio de la tierra en este municipio va desde los 50 hasta los 600 dólares el metro cuadrado, dependiendo si se cuenta con los servicios básicos, su cercanía al centro de la ciudad y el acceso al mismo, según el estudio sobre el Mercado Inmobiliario Habitacional y Exclusión Residencial en el Área Metropolitana del Departamento de Cochabamba realizado por el Centro de Estudios de Población de la Universidad Mayor de San Simón en base a una revisión digital de anuncios de 2012.

 

ELABORAN PLAN TERRITORIAL

Se diseñaron tres proyectos

El municipio de Sacaba trabaja en concluir el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) que se complementará con el Plan Director que delimita la ampliación de la mancha urbana.

El Plan Director con el que contaba Sacaba fue homologado al de Cercado en el año 1991 porque antes no existía una normativa. “Ahora se exige que sea con puntos geo referenciados, pero tenemos que ver cómo resolver las cosas que no se hicieron bien hace 20 años, porque de ahí vienen los conflictos”, dijo la directora de Urbanismo de la Alcaldía Sacaba, Carmen Vargas.

“El municipio está tratando de analizar la situación urbanización por urbanización, con reuniones con la gente donde reconocen que son asentados y que les vendieron áreas verdes”, aseveró  Vargas.

La arquitecta Flavia Claros explicó que se aplicaron nuevos proyectos como Superficie Cero para regularizar todos los inmuebles que por error en la transferencia no consignaron una superficie. También Superficie Diferencia, que surge por el problema de las grandes extensiones que se fragmentaron y que ahora se están registrando en función a datos nuevos, donde se aplica también el ceder espacio para áreas verdes o de equipamiento. Luego, Amnistía Técnica de Construcciones de aquellas construcciones que no están regularizadas; y la Amnistía de Impuestos. El objetivo principal de este trabajo es solucionar la problemática de los terrenos, su regularización y el registro nuevo de cómo está la situación.

Sacaba urbaniza áreas verdes y tierra agrícola

Indicadores de bienestar social en el municipio de Sacaba
Los Tiempos

 

OPINIONES SOBRE LA EXPANSIÓN Y FEDERACIÓN

Compraron terrenos con minuta

CARMEN VARGAS, DIRECTORA DE URBANISMO DE  LA ALCALDÍA DE SACABA

Hay varias personas que compraron sus terrenos sólo con una minuta, lo que significa que entró al mundo de la ilegalidad por años. Varias urbanizaciones en Sacaba tienen ese problema y viven desde 40 a 80 familias, tienen manzanas y calles consolidadas, pero no pueden inscribir en Derechos Reales su derecho propietario, lo que les impide acceder a un crédito o tener ese bien inmueble saneado para cualquier situación (…) Hay dos, tres ventas sobre un sólo lote y se generan las sobre posiciones de una propiedad en varios casos.

 

No somos parte de loteamientos

 LEONARDO LOZA, VICE DE LA COORDINADORA DE LAS SEIS FEDERACIONES DEL TRÓPICO

Como dirigente del trópico no tengo ninguna información. Si algunas personas actúan en su propio actuar no representan a ninguna organización del trópico; para nosotros cualquier compañero que usa el nombre de las Seis Federaciones se debe investigar. Las Seis Federaciones del Trópico no formamos parte de ninguna organización de loteamiento, eso va contra nuestros principios y no hemos autorizado a ningún compañero o compañera, por lo tanto está fuera de nuestro alcance. No respondemos a personas que utilizan el nombre de las Seis Federaciones y no respondemos por actos personales.

http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160619/sacaba-urbaniza-areas-verdes-tierra-agricola

“Nuestras áreas verdes: estado actual y potencial”

“Nuestras áreas verdes: estado actual y potencial”

Local
  • Jarka (Acacia visco), árbol nativo de Cochabamba. | Karen Córdova | Los Tiempos
Publicado el 12/06/2016 a las 0h00

Karen Córdova Stroobandt

Lic. en Ciencias Ambientales

Nuestro desafío día a día como ciudad es lograr un espacio habitable con una calidad de vida óptima, siendo así una lucha constante en encontrar ese balance entre nuestras interacciones sociales con el paisaje construido y el natural. Este sistema “vivo” se torna inestable al exigirle más de lo que puede soportar. Al aumentar elementos artificiales como el cemento y asfalto que absorben un 10 por ciento más de energía solar que un suelo provisto de vegetación, producimos una “isla de calor”, intensificada cuando degradamos o eliminamos dicha vegetación.

Debemos dejar de percibir nuestro ambiente urbano como ajeno a lo natural y más bien devolverle a nuestra ciudad sus herramientas innatas y potenciales para purificarse y defenderse. He ahí donde nuestros espacios verdes cobran una importancia inminente, y deben ser percibidos como zonas multifuncionales, holísticas y con identidad propia.

Actualmente, Cochabamba cuenta con alrededor de 140 hectáreas de áreas verdes, cifra evidentemente en déficit, ya que la relación es de 1m2 de área verde por habitante, cuando el mínimo ideal es de 10 m2 por habitante. Además, el origen de árboles y arbustos dentro de la mayoría de éstas (parques en especial), es de 80 por ciento vegetación exótica (vale decir, proveniente de países sudamericanos y de otros continentes), observando un alarmante porcentaje (20 por ciento) respecto a vegetación nativa.

Nuestras áreas verdes en su mayoría no se interconectan adecuadamente y se distribuyen de manera dispersa dentro el tejido urbano, no son biocorredores funcionales aún. Tenemos parques añejos, con árboles de gran altura, pero falta un nivel arbustivo que los haga más dinámicos y heterogéneos para la vida silvestre. A causa del uso de árboles y arbustos foráneos, su manejo no es necesariamente más barato, al necesitarse mayor riego y mantenimiento.

Si valoramos más nuestros parques urbanos, y claro está, calles y avenidas, tienen potencial educativo y turístico, no sólo recreativo o paisajístico, sin mencionar su valor ambiental. Debemos explotar la belleza y función intrínseca de nuestros árboles y arbustos nativos. Al visitarlos, poder interactuar con éstos, conociendo sus nombres, observando que tipo de vida silvestre visita o se refugia dentro, aprendiendo su edad y beneficios a nuestra salud.

Existen zonas a priorizar una forestación y reforestación, pero eso implica respetar y valorar lo existente, desde ese árbol en la acera de nuestros hogares y negocios hasta el parque del barrio. A partir de la avenida 6 de Agosto, la zona sud de nuestra ciudad tiene necesidad de hospedar áreas verdes, que requieren un reto en su mantenimiento, pero que deben ser consideradas seriamente. Respecto al resto de la ciudad, la clave para mejorar nuestra salud ambiental, es revalorizar nuestra flora nativa, ya que sólo así, nuestra vida silvestre volverá a ser más diversa y nuestro valle recuperará su identidad.

Nota.- El artículo es un aporte de la Comisión de Educación del colectivo ciudadano “No a la Tala de Árboles”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160612/nuestras-areas-verdes-estado-actual-potencial

INRA insta a municipios a velar por áreas agrícolas

Ed. Impresa TIERRAS | El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que la mancha urbana del eje metropolitano se amplió de 23.000 a 36.000 hectáreas, al menos 13.000 son tierras productivas

INRA insta a municipios a velar por áreas agrícolas

Por Katiuska Vásquez – Los Tiempos – 22/07/2015


El director del INRA, Víctor Hugo Claure (en el micrófono), presenta su informe a la Asamblea Legislativa Departamental, ayer. - Diego Cartagena Periodista Invitado

El director del INRA, Víctor Hugo Claure (en el micrófono), presenta su informe a la Asamblea Legislativa Departamental, ayer. – Diego Cartagena Periodista Invitado

El director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Víctor Hugo Claure, instó a los municipios a proteger las tierras productivas que quedan en el eje metropolitano, desde Sacaba hasta Sipe Sipe.

“La ley dice que los municipios tienen que hacer una categorización de las áreas productivas y aquellas que sean identificadas no pueden sufrir ningún cambio, se  prohíbe hacer el cambio durante 10 años”, dijo, en un informe a la Asamblea Legislativa Departamental, ayer.

Sin embargo, la ampliación de la mancha urbana aumentó significativamente la ocupación del suelo.  “Antes el eje metropolitano comprendía 23.000 hectáreas y ahora son 36.000: 13.000 son áreas productivas”, afirmó.

Explicó que los municipios se manejan con una lógica “obrista”, porque priorizan las obras de cemento, pero no ven la parte productiva. Cuestionó que se encaren proyectos de riego como Misicuni, sin velar por las áreas agrícolas. Sugirió trabajar con la Comisión de Tierra y Territorio de la Asamblea Departamental.

Los asambleístas expresaron su preocupación por los problemas con los loteadores y el avasallamiento de tierras. En tanto que el asambleísta Mario Orellana pidió conocer cuántas tierras fiscales existen desde 1996.

El director del INRA expresó que hay conflictos en varias regiones por tráfico de tierra. Uno de ellos se registró en Punata, donde los autores están imputados y con orden de aprehensión.

Luego está el problema de la venta de las tierras colectivas en Luncupata- Chillimarca en Tiquipaya. Explicó que los predios colectivos son indivisibles e inembargables, pero, los dirigentes vendieron las tierras. Dijo que en la Fiscalía hay más de 2.500 recibos por un millón de dólares. Otro caso son los terrenos de Albarrancho que fueron declarados terrenos fiscales, pero, hay cuatro interesados que han impugnado la resolución y apelado al Tribunal Agroambiental.

Saneamiento en el Tunari

Ante la problemática que atraviesa el Parque Nacional Tunari por la aparición de más asentamientos por encima del límite urbanizable en la cota 2.750, los asambleístas pidieron conocer el trabajo que realiza el INRA en esta área protegida.

El director de la institución dijo que sólo se pueden sanear los terrenos con antecedentes agrarios en este sector. Pero, desde 2014 no se realizan procesos de saneamiento individual, debido a que la Dirección del Parque Tunari trabaja en la zonificación.

Sólo se da curso a los trámites de tierras colectivas, cuidando conservar el sitio protegido y en coordinación con la Dirección, para conocer si el lugar está en una quebrada o torrentera.

Sin embargo, el INRA reconoció que una vez que entrega el título ejecutorial, la institución pierde competencia y la pregunta es qué hacer después de esta etapa para evitar fraccionamientos.

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20150722/inra-insta-a-municipios-a-velar-por-%C3%A1reas_309219_684266.html

Decreto 2298 fija un máximo de 45 días para consultar a pueblos indígenas

30 de junio de 2015 | Economía

Decreto 2298 fija un máximo de 45 días para consultar a pueblos indígenas

También faculta al Ministerio de Hidrocarburos a dictar una resolución administrativa para allanar la exploración y explotación, en caso de que los pueblos indígenas no participen o no concluyan la consulta.
Decreto 2298 fija un máximo de 45 días para consultar a pueblos indígenas

El DS 2298 acelera la consulta. Foto: ANF.
La Paz, 29 de junio (ANF).- Después de que el 20 de mayo pasado, el gobierno autorizara, mediante el decreto 2366, el ingreso de las empresas petroleras a las áreas protegidas, su siguiente paso fue reglamentar la consulta que debería aplicarse a los habitantes de esas zonas antes de implementar cualquier explotación de recursos hidrocarburíferos.

Según el decreto supremo 2298, la realización de dicha consulta para actividades hidrocarburíferas no abarcará más de 45 días calendario. La norma faculta a la autoridad competente a realizar este proceso y aprobar una resolución administrativa a fin de allanar la explotación energética en áreas protegidas si es que los pueblos indígena originario campesinos no participan.

El decreto en cuestión modifica y complementa el decreto reglamentario 29033 de Consulta y Participación para las actividades específicamente hidrocarburíferas.
En concreto, modifica los artículos 10 y 11, en los que se establecen plazos estrictos. En cuanto al artículo 10, para la fase de información sobre la actividad energética, las autoridades prevén “tres convocatorias”, pero si los pueblos indígena originario campesinos (PIOs y CC) no concurren a las reuniones “o no se obtenga una respuesta escrita por parte de los PIOs y CC, la AC establecerá una metodología y cronograma para ejecutar el proceso de Consulta y Participación”.
En el artículo 11, se describe la planificación de la consulta. También se fijan plazos y se realizarán hasta dos reuniones y si los PIOs y CC no asisten se presentará la “metodología, presupuesto y cronograma” del proceso. Los tres documentos deberán ser difundidos mediante publicación escrita, comunicación radial y notificación notariada a los pueblos afectados.
Asimismo, se coloca un plazo fatal para llevar adelante la consulta. “La metodología contemplará las actividades y/o procedimientos de ejecución de la Consulta y Participación, mismos que en ningún caso excederán los 45 días calendario”, señala el decreto.
Se agrega el artículo 20, sobre la “determinación de la autoridad competente (AC)”, el que señala que cuando no se pueda “desarrollar o concluir” la consulta por causas que no sean atribuidas a esta autoridad, se toma una previsión para evitar se obstaculice las actividades extractivas.
“La AC emitirá como resultado una Resolución Administrativa que determine el estado de ejecución del proceso y la constancia de todos los esfuerzos realizados en cumplimiento de la normativa vigente, para desarrollar o concluir con el proceso de Consulta y Participación, salvaguardando en todo momento los derechos de los PIOs y CC “, señala la disposición.
El decreto reglamentario de 2007 preveía un proceso de mayor participación de los pueblos indígenas con contrapropuestas metodológicas para la consulta, validación de propuestas, de actas de entendimiento y de acuerdo a los procedimientos y tiempos de los actores afectados por las actividades que se desarrollen en la zona de intervención.
También prevé que una vez “cumplidos los plazos en el acta del entendimiento se establece un plazo perentorio adicional de hasta tres (3) meses, para cumplir con el procedimiento de consulta, llegar a un acuerdo conjunto y firmar el convenio de validación”.
El gobierno autorizó a través del decreto 2366, el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas, para facilitar la exploración y explotación de hidrocarburos.
La Constitución Política del Estado en el artículo 30 reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En ese marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
/NVG

160 proyectos mineros esperan ingresar en las áreas protegidas

30 de junio de 2015 | Economía

160 proyectos mineros esperan ingresar en las áreas protegidas

El Sernap debe emitir un informe en el que determine en qué áreas protegidas se puede intervenir con actividad minera.

160 proyectos mineros esperan ingresar en las áreas protegidas

La Comisión de Economía Plural en la sesión de hoy. Foto: ANF.
La Paz, 30 de junio (ANF).– La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) ha recibido 160 solicitudes de empresas mineras para operar en las áreas protegidas en el país, informó su Director Ejecutivo Carlos Alberto Soruco.
El funcionario manifestó a la ANF que en La Paz, Santa Cruz y Oruro son los departamentos con mayor cantidad de áreas protegidas y que en este momento no tendría que existir actividad minera en ninguna de las 22 reservas naturales, porque no se aprobaron contratos y que de existir, sería una actividad “ilegal” la que se desarrolla.
Sin embargo, precisó que “a partir de 160 trámites que están en áreas protegidas, esos contratos están siendo analizados”. Además se está haciendo “un reglamento que se está trabajando con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)”, sostuvo Soruco.
Precisó que el Sernap debe emitir un informe en el que determine en qué áreas protegidas se puede intervenir con actividad minera y en qué lugares no es posible. De este informe dependería iniciar la consulta a los pueblos indígenas originario campesinos que podrían ser afectados por dicha actividad. En su criterio es un proceso complejo porque “los pueblos indígenas quieren ser ellos los explotadores y no gente ajena y por otro lado, los operadores no quieren ceder”, explicó.
Los funcionarios de la Ajam se presentaron en la Comisión de Economía Plural para prestar un informe sobre la aprobación de contratos y el procedimiento para la otorgación de derechos a las empresas, empresas unipersonales o cooperativas.
Soruco explicó que la Corporación Minera de Bolivia remitió a la Ajam 956 contratos los que todavía no han sido suscritos, una vez que se supere esta fase serán remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
Desde el 2 de febrero de este año, con la Ley de Minería y Metalurgia, se presentaron 1.197 nuevos trámites para suscribir contratos, En ninguno de los dos casos se precisó cuáles son las mayores solicitudes, es decir, si son de cooperativas, empresas o compañías unipersonales.
No obstante, desde el mes de septiembre de este año se empezarán a remitir los contratos paulatinamente para su aprobación en la Asamblea.

Las áreas protegidas de Bolivia están también bajo la presión de las empresas petroleras, las cuales a partir del 20 de mayo pasado, ya pueden ingresar en ellas.

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